La ciberseguridad en México se encuentra en un momento crítico, con un incremento alarmante del 78% en ciberataques registrados durante el tercer trimestre de 2024. Este aumento, que se traduce en un promedio de 3,124 ataques semanales, pone de manifiesto la vulnerabilidad del país ante amenazas digitales cada vez más sofisticadas.
A pesar de los avances en la infraestructura de ciberseguridad, el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad (CIRT) enfrenta serias limitaciones. La falta de tecnología avanzada y la escasez de talento especializado dificultan la capacidad del CIRT para responder eficazmente a los ataques. Las tácticas utilizadas por los cibercriminales están evolucionando, lo que requiere una respuesta más ágil y efectiva.
Legislación y protección de datos
En el ámbito legislativo, México debe trabajar en la armonización de sus normativas de protección de datos con estándares internacionales. Aunque se han hecho progresos, aún existen deficiencias que pueden comprometer la confianza del usuario y la competitividad digital del país. La implementación de regulaciones claras es fundamental para proteger tanto a las empresas como a los ciudadanos.
Además, la adopción de estándares técnicos es dispar en México. Protocolos como DNSSEC y SSL/TLS son esenciales para garantizar la seguridad en las comunicaciones digitales, pero su implementación sigue siendo inconsistente. Se necesita un esfuerzo coordinado para establecer un marco regulatorio que promueva la adopción generalizada de estas tecnologías.
Uno de los principales obstáculos para mejorar la ciberseguridad en México es la falta de profesionales capacitados. Aunque se han incorporado programas educativos relacionados con la ciberseguridad, el déficit persiste, lo que limita el desarrollo de un talento robusto en este campo crítico.
Como consecuencia del aumento constante en los ciberataques, se resalta la necesidad urgente de fortalecer las capacidades de ciberseguridad en México. Esto incluye no solo mejorar la infraestructura tecnológica y desarrollar talento especializado, sino también implementar normativas efectivas que protejan a todos los sectores. La colaboración entre el gobierno, las empresas y las instituciones educativas será clave para enfrentar estos desafíos y construir un entorno digital más seguro.
