A casi un año del inicio de la LXVI Legislatura, el Congreso de la Unión ha mostrado un intenso activismo en materia laboral: más de 170 iniciativas han sido presentadas para modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT) o el artículo 123 constitucional. Sin embargo, apenas un 2.2% de estas ha logrado cruzar la línea de meta legislativa, revelando una desconexión entre la euforia de las propuestas y la eficacia de su aprobación.
Entre las escasas reformas que han prosperado destacan las que mejoran condiciones salariales de cuerpos policiacos, personal docente y de salud; el reconocimiento de la brecha salarial de género; la conocida Ley Silla (que garantiza un asiento a trabajadores durante su jornada) y la regulación del trabajo en plataformas digitales. Pero más allá de estos avances, temas ampliamente discutidos como la reducción de la jornada laboral, más días de descanso, el aumento de aguinaldos o licencias por maternidad y paternidad, siguen atrapados en el limbo legislativo.
Populismo laboral y rentabilidad política
Para especialistas en derecho laboral, como Jorge Sales Boyoli, socio director de la firma Sales Boyoli, este bajo índice de aprobación no responde necesariamente a obstáculos partidistas, sino a una falta de consenso interno, incluso dentro de las mayorías legislativas.
“Uno pensaría que con una mayoría aplastante cualquier reforma podría avanzar con facilidad, pero no es así. No hay acuerdo ni al interior del bloque gobernante, y muchas veces se legisla para los reflectores”, subraya.
Una de las críticas más agudas hacia esta ola de propuestas es su carga simbólica más que técnica. “Hay una tendencia clara de ‘populismo laboral’ que no distingue colores partidistas”, advierte Carlos Ferran Martínez, director de Ferran Martínez Abogados. “Se busca más el efecto inmediato en redes sociales que la viabilidad legislativa o financiera. Es muy rentable decir que se presentó una iniciativa, aunque no llegue a dictamen ni mucho menos al Diario Oficial”, añade.
Ambos especialistas coinciden en que muchas iniciativas suenan atractivas para el electorado, especialmente para la clase trabajadora, pero no siempre contemplan la sostenibilidad económica, en especial para las pequeñas y medianas empresas. “No todas las empresas tienen la misma capacidad de absorción. La ley trata igual a todos los empleadores y eso es un error estructural”, puntualiza Ferran Martínez.
Reformar sin ahorcar: Cautela desde el Ejecutivo
En contraste con la efervescencia parlamentaria, el Poder Ejecutivo ha optado por un enfoque más moderado. Según Sales Boyoli, la administración federal ha mostrado prudencia en no cargar excesivamente la balanza contra los empleadores, conscientes del frágil contexto económico global.
“El gobierno no ha impulsado reformas que podrían parecer atractivas políticamente, pero que resultarían en una carga excesiva para el sector productivo. Se ha optado por priorizar la estabilidad y analizar los cambios con más detenimiento”, comenta el especialista.
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Más allá de la popularidad: Lo que falta en la agenda laboral
Los expertos coinciden en que hay temas más profundos y estructurales que han sido relegados por iniciativas mediáticas.
“Hablar de obligar a poner sillas es sintomático del nivel laboral que tenemos como país. Ya existen mecanismos legales y derechos humanos que cubren eso. Lo que falta es una supervisión efectiva, no más letra muerta”, expresa Sales Boyoli.
Entre los temas ausentes de la agenda legislativa sobresalen la creación de un seguro de desempleo, la cobertura de seguridad social universal y el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de salud y seguridad en el trabajo.
“México ha ratificado múltiples tratados y convenios internacionales que ya obligan al Estado a garantizar dignidad laboral, aunque no estén aún reflejados en la legislación local”, explica Ferran Martínez.
La vía del diálogo social
Ambos especialistas coinciden en que las mejoras laborales deben construirse desde el consenso y la negociación colectiva, no desde el decreto. “No se trata de imponer derechos sin considerar la realidad financiera de los empleadores. Lo ideal es que sean los sindicatos y los empleadores quienes acuerden mejoras, y que el marco legal sólo fije los pisos mínimos”, indica Ferran Martínez.
En ese sentido, el reto de fondo no es tanto legislar más, sino legislar mejor. Y, sobre todo, garantizar que lo que ya está en la ley, se cumpla. Porque en un país donde asegurar que un trabajador tenga agua o una silla parece todavía tema de debate, queda claro que la dignidad laboral aún es una meta lejana, no una realidad consolidada.
