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El reciente ataque, perpetrado por un comando armado durante una posada navideña en una exhacienda de Salvatierra, Guanajuato, nos recuerda la ausencia que ha caracterizado, en la arena política, el tópico de seguridad de cara a las elecciones del próximo año. La masacre dejó como saldo 11 personas muertas y 11 heridas.

A casi tres días del trágico suceso, se han presentado las habituales condolencias del titular del ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador; de las autoridades estatales, encabezadas por Diego Sinhué; y del alcalde municipal, Germán Cervantes. 

“Es muy lamentable lo que sucedió, nuestro abrazo sincero a los familiares de los jóvenes que perdieron la vida. Es un crimen atroz, estaban en una posada y llegaron a asesinarlos”, declaró Andrés Manuel, para posteriormente referirse a la presencia de las drogas en el estado, y expresar que Guanajuato requiere un trato especial, sugiriendo una aparente relación entre ambas, alegando que es una de las áreas con mayor consumo del país. 

Estas declaraciones, sucedidas en medio de críticas a la militarización de las tareas de seguridad (un modelo del cual se prometió distanciamiento, pero ha persistido por a través de los tres últimos sexenios), suscitaron múltiples reacciones. 

Por un lado, Loret de Mola -en Latinus- aseguró que la violencia ha ido en aumento (en un 10%, hablando de los homicidios), y que -para el presidente López Obrador-  se ha vuelto costumbre culpar a las víctimas de haber sido asesinadas. Citó el caso de los jóvenes asesinados en Celaya hace unos días, pues el ejecutivo aseveró que habrían adquirido drogas en una zona controlada por una banda rival, pese a que no se hubieran encontrado rastros de éstas en sus autopsias.

Por otro, la candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez urgió a cambiar la política de seguridad federal: “Basta de abrazos para los criminales y balazos para los jóvenes”. Mientras tanto, Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, declaró: “¿No puedes hacer una autocrítica porque es del PAN? ¿No puedes señalar, como lo denuncian miles de víctimas, el comportamiento y vínculos criminales del fiscal de Guanajuato?”. Haciendo de la búsqueda por hallar un responsable, parte central de la discusión coyuntural. 

Además, la figura del fiscal Carlos Zamarripa surgió como un  punto focal de crítica, con el presidente López Obrador pidiendo su remoción. Zamarripa, con 14 años de gestión, ha acumulado un poder significativo en un estado donde la resolución de casos es mínima y la percepción de inseguridad es alta. 

La violencia persistente en Guanajuato, con más de 170 muertes violentas sólo en el pasado fin de semana, ha intensificado la exigencia de un cambio en la política de seguridad a nivel federal. Al mismo tiempo, la tragedia se entrelaza con la contienda electoral, en la que los ciudadanos, en medio de la desesperación, buscan opciones en la espiral de violencia que parece infinita. 

La seguridad y la capacidad de los candidatos para abordar este problema en su discurso se perfilan, según diversos expertos, como factores decisivos en los meses que nos separan de las urnas. 

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