Samuel García, quien recientemente solicitó licencia para competir por la candidatura presidencial en 2024, enfrenta serias acusaciones. Cerca de 7 mil empleados de instituciones estatales, incluyendo la Fiscalía de Justicia, el Congres del estado, el Poder Judicial, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y otros organismos no recibieron su sueldo en la fecha habitual. Los trabajadores afectados, que normalmente reciben sus salarios cada quincena, expresaron su desconcierto y malestar ante la inesperada falta de pago.

En un comunicado conjunto firmado por representantes de las instituciones afectadas, entre ellos el Magistrado Alberto Ortega, Pedro Arce de la Fiscalía General de Justicia, Jorge Galván, auditor General del Estado, Mauro Guerra, presidente del Congreso local, María Teresa Treviño del Instituto de Transparencia, y Susana Méndez de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se acusa directamente al gobernador Samuel García de haber instruido a la Secretaría de Finanzas para detener los pagos como un acto de revancha política.

El comunicado expresa: "Lamentamos profundamente que con esta decisión de revancha política se vean afectadas miles de familias de padres y madres servidoras públicas que, como toda persona trabajadora, dependen de su salario para llevar el sustento a sus hogares y sacar adelante a sus hijos e hijas."

Los representantes de las instituciones afectadas exigieron al aún gobernador Samuel García, a través de la Secretaría de Finanzas, que realice el depósito correspondiente de manera urgente para subsanar la situación generada.

Samuel García, por otro lado, negó las pugnas políticas como motivación a lo sucedido y afirmó que cuentan con un plazo de cinco días para realizar el pago. Esta situación surge después de que la Suprema Corte de Justicia invalidara los nombramientos de Javier Navarro y Arturo Salinas, determinando que el Congreso deberá designar a un gobernador interino al entrar en vigor la licencia de Samuel García.

En respuesta, Salinas indicó que acatará la determinación, aunque el gobierno de Nuevo León publicó un decreto con un amparo que supuestamente respalda el nombramiento de Javier Navarro.

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