La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, ha lanzado una contrapropuesta a la reforma judicial que impulsa la administración actual. Esta propuesta alternativa ya está disponible en el Pleno del Senado de la República para su discusión y votación.

El pasado fin de semana, la presidenta del máximo tribunal hizo pública la propuesta titulada “Reforma integral al sistema de justicia en México: Desafíos y propuestas”, a través de la página oficial de la Corte. Este documento surge a partir de una consulta realizada por la SCJN sobre la reforma al Poder Judicial promovida por la Cuarta Transformación. La propuesta oficial ha sido objeto de críticas, especialmente en relación con los “jueces sin rostro” y la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, lo que ha generado preocupaciones a nivel nacional e internacional.

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Sobre el combate a la corrupción, la contrapropuesta de la Corte reconoce los problemas existentes durante los procesos judiciales que comprometen la efectividad y justicia. El documento señala que la falta de independencia judicial y las amenazas a jueces pueden influir en las decisiones judiciales, lo cual agrava la falta de cumplimiento de sentencias y perpetúa la impunidad y desigualdad en el acceso a la justicia. Para enfrentar estos problemas, la contrapropuesta sugiere la creación de un órgano auxiliar del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica y capacidad para resolver sobre conductas irregulares.

Además, se propone la formación de dos nuevos órganos especializados: uno para la investigación y otro para la substanciación de casos. Entre las acciones específicas para combatir la corrupción se incluyen:

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• Simplificación de las etapas del procedimiento de responsabilidades administrativas.
• Armonización de procedimientos con estándares internacionales.
• Transparencia en el manejo de investigaciones y sanciones disciplinarias.
• Campañas de comunicación social para fomentar la denuncia.
• Disminución de la discrecionalidad en labores administrativas.
• Fortalecimiento de la transparencia en la carrera judicial.
• Establecimiento de políticas preventivas y correctivas relacionadas con el ambiente laboral.

En cuanto a los “jueces sin rostro”, la contrapropuesta de la Corte señala que la falta de independencia judicial está relacionada con las presiones externas, incluidos los grupos del crimen organizado. La relatora de la ONU sobre independencia judicial ha documentado casos de amenazas e intimidaciones que afectan la libertad y autonomía de los jueces. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que proteger a los jueces mediante la figura de los “jueces sin rostro” podría limitar garantías fundamentales como la igualdad ante la ley y el derecho a la defensa.

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En lugar de esta figura, la Corte propone desarrollar un sistema nacional de prevención y protección que contemple a todos los operadores de justicia, incluidos defensores públicos, fiscales, jueces, magistrados a nivel federal y estatal.