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Este miércoles, el Congreso de Nuevo León aprobó con 38 votos a favor y 3 abstenciones la solicitud de licencia de Samuel García, quien busca obtener la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano y deberá dejar el cargo en diciembre. Sin embargo, la decisión desencadenó controversia.

El actual presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Arturo Salinas, fue nombrado como gobernador interino en una modificación al dictamen que precedió la votación. Esta designación ha generado acusaciones por parte de diputados de Movimiento Ciudadano, quienes alegan que Salinas está vinculado al PAN debido a su pasado como diputado local por ese partido.

El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados ha presentado una demanda de juicio político contra Salinas, acusándolo de violaciones graves a la Constitución y usurpación de funciones. Argumentan que Salinas está legalmente impedido de ocupar el cargo de gobernador, según lo dispuesto por el artículo 132 de la Constitución de Nuevo León, que prohíbe al presidente del Poder Judicial -ni ninguna persona servidora pública ni empleada del poder judicial- del estado ocupar cargos en el gobierno.

El coordinador de la bancada naranja en el Palacio de San Lázaro, Jorge Álvarez Máynez, ha calificado a Salinas y a los diputados locales del PRI y del PAN como "buitres golpistas". Además, rechazó que exista un vacío de poder en la entidad.

"PRI y PAN no tienen límites éticos. En medio de una tragedia, convocaron a una sesión para dar un golpe de Estado en Nuevo León. Mientras Samuel García sigue en funciones y es gobernador constitucional, nombraron y ‘tomaron protesta’ a alguien que está impedido legalmente", concluyó.

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