La inseguridad y la violencia en México no solo representan un problema social, sino que también generan un fuerte impacto económico. Durante 2023, el costo de estos fenómenos alcanzó el 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a 282,000 millones de pesos, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Inegi.

Tres de cada diez hogares mexicanos han sido afectados por algún delito, siendo el fraude y el robo los más comunes. Para las familias, el costo promedio por víctima de delito fue de 6,853 pesos, un monto destinado a compensar las pérdidas, implementar medidas de seguridad y en algunos casos, cubrir atención médica.

Distribución de costos

De los gastos generados por la inseguridad, el 63% se destinó a cubrir pérdidas económicas directas, mientras que un 36% se invirtió en medidas preventivas, tales como refuerzos de seguridad en los hogares, cambios de cerraduras, instalación de rejas y participación en sistemas de vigilancia vecinal. Adicionalmente, un pequeño porcentaje de los afectados, el 4%, tuvo que pagar atención médica derivada del delito.

Costos por tipo de delito

El impacto económico varía según el tipo de delito. Estos son algunos ejemplos del costo promedio que las víctimas tuvieron que asumir:

-Robo total de vehículo: 31,481 pesos
-Fraude: 8,200 pesos
-Robo en la vía pública: 5,670 pesos
-Extorsión: 5,367 pesos
-Robo en casa habitación: 4,938 pesos

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Cifra negra

A pesar del impacto económico que generan, el 90% de los delitos cometidos en México no son denunciados. Este fenómeno, conocido como cifra negra, es especialmente alto en casos de fraude, extorsión y delitos sexuales, que superan el 95% de no reportes.

En contraste, el robo de vehículos es uno de los delitos más denunciados, debido a que las aseguradoras requieren la presentación de denuncias para tramitar el pago de los siniestros.

Entre las razones más comunes para no denunciar se encuentran la falta de confianza en las autoridades, los largos procesos burocráticos y el temor a represalias.

El impacto económico de la inseguridad no se limita a los costos inmediatos. Las secuelas físicas y emocionales de los delitos, así como los largos procedimientos para obtener justicia, también representan un costo adicional para las familias afectadas. Estos factores prolongan el impacto financiero de los delitos más allá de lo evidente, afectando tanto a las víctimas como a la economía nacional.