Varias instituciones financieras, tanto nacionales como internacionales, han expresado su preocupación por los posibles efectos de la reforma al Poder Judicial propuesta en México. Entre estas instituciones se encuentran importantes bancos de inversión y agencias de calificación de riesgo, que advierten sobre las implicaciones que esta reforma podría tener para la inversión en el país y su calificación crediticia. 

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J.P. Morgan, el banco más grande de Estados Unidos, ha señalado que la reforma podría llevar a una disminución en el apetito por inversión en México y aumentar el riesgo de rebajas en la calificación crediticia del país para el año 2025. En su análisis, el banco indicó que la incertidumbre generada por la reforma podría desacelerar aún más la inversión, que ya se esperaba que disminuyera debido a un crecimiento económico más débil en la región.

Fitch Ratings también ha emitido una advertencia, indicando que la reforma podría debilitar el perfil institucional de México. La agencia calificadora destacó que la propuesta de elegir a los ministros de la Suprema Corte mediante voto popular podría ser vista como una interferencia del gobierno en el Poder Judicial, lo que generaría preocupaciones sobre la independencia y la imparcialidad del sistema judicial. 

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Morgan Stanley, otro banco estadounidense, ha decidido reducir su recomendación de inversión en México, argumentando que la reforma al Poder Judicial incrementaría el riesgo para los inversionistas y limitaría las oportunidades de capital en el país. Además, Citibanamex ha señalado que muchos inversionistas no han considerado adecuadamente la posibilidad de que la reforma sea aprobada, a pesar de la mayoría calificada del partido Morena en la Cámara de Diputados.

Estas advertencias reflejan un clima de incertidumbre en el entorno de inversión en México, donde la posible aprobación de la reforma al Poder Judicial podría tener repercusiones significativas en la confianza de los inversionistas y en la estabilidad económica del país. Las instituciones financieras continúan monitoreando la situación de cerca, a la espera de desarrollos en el proceso legislativo.